Del odio al delito al delito de odio: demagogia y represión sin más justificación

Aunque partamos de la máxima de que el Derecho es política, podemos hallar un núcleo  impenetrable donde la demagogia y la represión no pueden pasar sin pedir permiso. Como  decía Concepción Arenal, odia al delito y ama al delincuente, cuya reinserción social se  preconiza en nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria, aprobada por aclamación en  nuestro Congreso de los Diputados, es decir, aplaudieron todos los diputados, de manera  que no fue necesaria la votación correspondiente por entenderse aprobado el texto legal  por unanimidad. Dicha norma se orienta hacia la reinserción de los penados, en  consonancia con nuestro texto constitucional y con los valores predominantes en nuestro  entorno cultural. Esos valores no casan bien con el Art. 510 y complementarios de nuestro  Código Penal, que se limitan a iluminar una suerte de escaparate, de galería demagógica  y represiva, a todas luces innecesaria, al tenor de las reglas políticas básicas pactadas en  la transición. Pero vayamos por partes. 

El Art. 510 y sus acólitos son radicalmente innecesarios por castigar conductas que, por  un lado, ya se hallan penadas en la parte general del Código Penal y, de otro, ojo al dato,  se permiten la represión del deseo. Dos son los supuestos básicos que introdujo el  Gobierno de M.J. en el texto punitivo: la inducción al delito, ya castigada en la parte  general del código, y el castigo del deseo, sí del simple deseo, tal y como es de ver en el  propio precepto. Castiga ni más ni menos que la incitación al odio, al margen del supuesto  de incitación a la violencia, que, como acabo de decir, ya está tipificado en la parte general  por inducción al delito, cualquiera que sea este. Pues bien, si miramos la definición de  odio en el diccionario nos dice que es la antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien  cuyo mal se desea. Es decir que la incitación a un deseo, con independencia de la  finalidad, que se centra en la etnia, religión, etc., es delito. Claro, Vds. Dirán que, al darse  ese deseo por razones que no son de recibo, por ejemplo, ser mujer, homosexual, etc.,  justifica el delito. Pero esto no puede admitirse, teniendo en cuenta varias reglas, claro,  tan políticas como fundamentales, que hemos aprobado con carácter preferente en nuestra  Carta Magna y otras normas de desarrollo: la libertad de expresión, el carácter subsidiario  del Derecho Penal (solo ha de intervenir cuando otras ramas del ordenamiento no puedan  hacer frente al asunto de que se trate, dicho en pocas palabras), además de la finalidad de  reinserción de las penas, difícilmente aplicable a la represión de incitar a los demás al  deseo por muy reprochable que sea el mismo. Para eso tenemos el Derecho Civil, que 

protege el honor y que puede hacer frente a semejantes deseos y sus incitaciones con una  buena indemnización, sin necesidad de acudir a la última ratio, la razón última, de nuestro  orden político, el Derecho Penal. 

Desde aquí, hago un llamamiento a preservar y defender la libertad de expresión a toda  costa, a salvo el derecho de los ofendidos a recibir una cuantiosa indemnización en el  orden civil, límite máximo que puede amparar tan fundamental derecho, pues, en otro  caso, estaremos cayendo en la trampa de la demagogia y de la represión. 

Por el camino de tamaña represión y con la ayuda de la ciencia, acabaremos por reprimir,  incluso penalizar el pensamiento mismo. De momento, nos quedamos en el deseo, que no  deja de ser pensamiento explícito, pero todo se andará. La galería nos avoca al infortunio  de castigar el infame deseo, que no digo yo que sea contraído por indemnizaciones en el  orden civil o, incluso, en el de la responsabilidad patrimonial de la administración, que  llega a proteger a los que maldicen a los “maricones” con las lecheras de la policía local  de Ayuso y Ortega, según denuncian algunos rojos en una de esas cadenas cuyo cierre  algunos defienden, pues no son periodistas, son activistas. 

Hagamos un ejercicio serio de reflexión. Es delito la negación del holocausto alemán. A  este paso, cualquier cosa, como la negación de que la tierra es redonda, puede llegar a ser  delito. Esto no es de recibo y, de serlo, podría serlo cualquier cosa. Claro que quedan a  salvo las acciones civiles, indemnizatorias, o administrativas, como he dicho, relativas a  la responsabilidad patrimonial del Estado, para garantizar que nadie haya de soportar  aquello que sobrepasa el buen gusto y el honor y dignidad del ser humano, del ciudadano,  que garantiza el orden político y la paz social.