Aceptación. Equivale a participación, esencial en toda democracia que se precie. No puede otorgarse esta A a una democracia con índices de participación mermados entre un cuarenta y un cincuenta por cien. No es imaginable un nivel de participación aceptable en una democracia inferior al ochenta por ciento. Es fundamental que los representantes de los ciudadanos tengan un esquema preciso de fomento de la participación, que, por lo demás, tampoco es el caso. El desinterés por la política de más de un cuarenta por cien de la población no es más que una irresponsabilidad, tanto de quienes no participan, como de los representantes de los que sí lo hacen, que han de adoptar medidas concretas encaminadas a garantizar una participación suficiente para resultar una democracia creíble.
Antigüedad. Menos de cincuenta años no parece un tiempo razonable para dar a una democracia la categoría de antigua. En nuestro caso, con escasa tradición democrática a lo largo de la historia, gozamos de cuarenta años de beneficios democráticos, pero, claro, esto es una cosa y otra muy distinta compararnos con democracias que cuentan con siglos de tradición, cual es el caso de la de El Reino Unido, de Estados Unidos. Cuarenta años no es demasiado tiempo visto desde la perspectiva histórica para entender consolidado un sistema político, que, por naturaleza, ha de presentar vocación temporal mucho más acorde con su propósito y muy lejana, desde luego, de las cuatro décadas de democracia, que no hacen acreedor a nuestro país de la categoría de la antigüedad.
Antecedentes. Muy a mi pesar, no puedo hablar de antecedentes que hagan merecer a nuestro sistema democrático la concesión de esta última letra simbólica, la A de buenos antecedentes, claro está. Las razones son muy diversas y, eso sí, dejando garantizada la limpieza de los procesos electorales, que no es poco, hay que decir que la acción democrática en España no parece ir a buen puerto en el sentido de que no se fomenta la participación de los ciudadanos y no hay un verdadero interés de las fuerzas políticas en salvar situaciones de inestabilidad, que se traducen en reiteración de los procesos electorales en un sin sentido y con mucha “culpa” de los agentes democráticos institucionales. La acción democrática encaminada a garantizar las libertades y la intervención mínima del Derecho Penal en España deja mucho que desear y, desde luego, no es un antecedente positivo.
Queda, pues, mucho por hacer para gozar de una democracia triple A y está en manos de todos. A ver si nos ponemos manos a la obra…